Haití y la geopolítica de PetroCaribe

27 de febrero, 2020

Mamyrah Dougé-Prosper

Traducido de William Sacher

Con la colaboración de Nixon Boumba, James Darbouze, Sabine Lamour y Mark Schuller

El décimo aniversario del terremoto en Haití es un momento para recordar el fracaso de la ayuda proporcionada en esta década por las ONG y que el capitalismo desposee y endeuda a multitudes mientras enriquece a unos pocos. El movimiento anticorrupción plantea una nueva pregunta a modo de hashtag con una fórmula sintética : #KòtKòbCIRHla?# Es decir: ¿dónde está el dinero de la Comisión Provisional para la Reconstrucción de Haití (CIRH)[1] dirigida por Bill Clinton?

Constatamos, sin embargo, que los activistas se enfocan en prioridad en el escándalo de PetroCaribe, vale la pena preguntarse ¿por qué?

En el presente texto, queremos situar la importancia del Acuerdo PetroCaribe para Haití y más alla. Avisamos que con ello, no tenemos la intención de defender o condenar el proceso bolivariano.

Exportar la Revolución Bolivariana

En 2001, Hugo Chávez y Fidel Castro organizaron en Venezuela una cumbre de los Estados del Caribe, para rechazar la propuesta estadounidense de aplicar las recetas neoliberales a todo el hemisferio. Estaban haciendo eco al desafío zapatistas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado en 1994 y sacando lecciones de la crisis financiera de 2001 en Argentina. En 2004, los dos líderes fundaban la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que reunía a Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Cuba y los Estados de la Comunidad del Caribe (CARICOM): Dominica, Antigua y Barbuda, Saint-Vincent y las Granadinas, Santa Lucía, Granada y Saint Kitts y Nevis.

En 2005, los países del ALBA (sin Ecuador y Nicaragua) y otros estados miembros de CARICOM: Bahamas, Belice, República Dominicana, Guyana, Jamaica y Surinam firmaban el Acuerdo de Cooperación Energética PetroCaribe. Barbados, Montserrat y Trinidad y Tobago, un productor de petróleo, se abstuvieron. En este año, Venezuela excluía a Haití de la Alianza en protesta al gobierno de transición impuesto por Estados Unidos (2004-2006). En 2007, después de una fuerte presión popular sobre el nuevo presidente, Haití firmaba finalmente el acuerdo. Nicaragua, Guatemala y Honduras firmaron en los meses siguientes. El Salvador se unío, por su parte, en 2014.

Según el Acuerdo PetroCaribe, los países participantes podían comprar a Venezuela hasta 185,000 barriles de petróleo por día. Caracas solo requiría un pago parcial inicial (5% a 50%) con una amortización diferida de 1 a 2 años, con un saldo a pagar durante 17 a 25 años con intereses del 1% (mientras el precio del petróleo superaba $US 40 el barril). Bienes y servicios podían contar como formas de reembolso. Por ejemplo, Cuba estuvo enviando médicos a Venezuela. Nicaragua pagó con carne y leche. Petróleos de Venezuela, S.A.- Venezolana de Petróleo (PDVSA) poseía el 49% de la refinería jamaicana PetroJam y de Refinería de Petróleo Dominicana (Refidomsa PDV) de República Dominicana. Cuando en el primer lustro de la década 2000, los precios mundiales del petróleo subieron a $US 100 el barril, PétroCaribe favoreció a los países del Caribe que enfrentaban una grave escasez de combustible y el aumento de los precios de los alimentos.

En 2008, en Caracas, el ALBA creaba el Banco del ALBA. El año siguiente se creaba una moneda regional común, el SUCRE (Sistema Único de Compensación Regional), la cual fue utilizada por Ecuador, Bolivia, Cuba y Nicaragua para intercambios comerciales. Mientras tanto, se formaba la Unión Sudamericana (UNASUR). En 2011, Chávez lideraba una América “soberana”, con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que agrupaba todos los países de las Américas, salvo Canadá y Estados Unidos.

Este bloque regional permitió a los países “en desarrollo” acceder a más independencia a través del comercio multilateral, la construcción de infraestructura y la implementación de programas sociales. El enfoque bolivariano no alineado respetaba la soberanía estatal, a diferencia de los dictados imperialistas del FMI y el Banco Mundial. La membresía no se basaba en afinidades ideológicas. En Haití, todo ello llevó a que el  Parti Haitien Tèt Kale (PHTK) desperdiciara casi $US 4 mil millones y rechazara por ende a relaciones con Venezuela.

Hacia el “multiverso”

La Revolución Bolivariana planteó la posibilidad de un mundo multipolar. Con las mayores reservas de petróleo del mundo, Venezuela es uno de los cofundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), y el único miembro ubicado en América Latina, los demás son países de “Medio Oriente”: Irán, Iraq, Kuwait y el Arabia Saudita. La OPEP fue fundada en 1960 durante las guerras y los movimientos anticoloniales con el objetivo de romper con el control británico y estadounidense sobre la producción de petróleo. En 2000, Caracas fue sede de la Segunda Cumbre de la OPEP desde 1975, y Chávez exigió cuotas de producción para controlar los precios del petróleo.

Chávez también facilitó la entrada de China y Rusia en América Latina. Desde 2009, China ha sido el segundo mayor socio comercial de Venezuela, y desde 2012, el país bolivariano ha sido el cuarto mayor proveedor de petróleo de China. Esta está invirtiendo en la construcción de un complejo vacacional en las Bahamas y una autopista en Jamaica. Trinidad y Tobago, Granada, Dominica, Antigua y Barbuda y la República Dominicana suscriben fondos para el “Belt and Road Initiative“. China es el principal socio comercial de Brasil, Chile, Perú y Uruguay, y los bancos chinos constan entre los principales prestamistas de los estados latinoamericanos. En Guyana, la RUSAL, empresa rusa, poseía el 90% de una empresa minera mixta de extracción de bauxita, y controla el 65% de la capacidad de alúmina de Jamaica y es operadora de tres de sus cuatro refinerías. Numerosas empresas rusas invirtieron en el sector del petróleo y gas en Bolivia, México y Venezuela. Mientras tanto, Cuba, Nicaragua, Perú y Venezuela son los principales compradores de armas rusas en la región.

Al favorecer y (re) forjar estas alianzas, Venezuela amenazó los “intereses de seguridad nacional” de los Estados Unidos.

El imperio contraataca

Empezó una “Nueva Guerra Fría”. Después de la muerte de Chávez en 2013 y la subsecuente elección de Nicolás Maduro, Estados Unidos (junto con Arabia Saudita) orquestaron la caída de los precios del petróleo y apoyaron las protestas anti-chavistas. En 2015, Barak Obama declaró a Venezuela una “amenaza para la seguridad”, normalizó las relaciones con Cuba, estableció la “Caribbean Basin Security Initiative” e impuso sanciones financieras a personalidades políticas en Venezuela.

En 2017, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú se reunían en Lima con Canadá, Costa Rica, Guatemala, Honduras y México para resolver la “crisis venezolana”. En 2018, Donald Trump prohibió las transacciones utilizando la moneda digital venezolana y las transacciones relacionadas con la compra de deuda venezolana. En 2019, prohibió todos los pagos internacionales a PDVSA en dólares estadounidenses. Trump también se reunió con los representantes de países “desertores” de PétroCaribe: Bahamas, República Dominicana, Haití, Jamaica y Santa Lucía en su complejo privado en Florida. En esta ocasión, 19 de los 35 estados que conforman la Organización de Estados Americanos (OEA) votaron contra el reconocimiento de Maduro y por el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó. Los estados miembros de UNASUR, también miembros del Grupo de Lima, formaron el Foro para el Progreso de América del Sur (PROSUR) para luchar contra “la dictadura en Venezuela”.


Después de PétroCaribe

Venezuela depende de la venta de petróleo, que representa más del 95% de entrada de divisas extranjeras, usadas para el pago de las importaciones de más de dos tercios de los bienes de consumo básicos. Estas importaciones provienen principalmente de los Estados Unidos. Todo ello llevó a Venezuela a experimentar una inflación de 10 millones por ciento. Y, por supuesto, dejó de exportar miles de millones de dólares en petróleo subsidiado. San Vicente y las Granadinas, Cuba y Haití son los países que más sufren de esta situación.

El actual presidente de Haití, Jovenel Moise está solicitando nuevos préstamos con el FMI para financiar los gastos del Estado. La solución de aumentar los impuestos sobre la renta no ha resultado suficiente, después de la eliminación de los aranceles sobre el arroz, importado principalmente de los Estados Unidos. Amenazando con “cortar cabezas”, Moise, cuya elección fue disputada, ahora gobierna solo (con el apoyo del Core Group), ya que el mandato de los parlamentarios expiró.

Antropóloga militante, Mamyrah Dougé-Prosper es Profesora Asistente Invitada de Estudios de Africa y de la Diáspora Africana (Africana) en Davidson College. Actualmente está trabajando en su monografía titulada Desarrollo Contestado en un Haití Ocupado: Movimientos Sociales, ONG y el Estado Evangélico. Ha publicado artículos en revistas académicas y políticas como Women’s Studies Quarterly y Commune Magazine. Dougé-Prosper es también la Coordinadora Internacional de Community Movement Builders (Constructores de Movimientos Comunitarios).

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[1] La CIRH es la Comisión Provisional para la Reconstrucción de Haití, la cual fue creada en 2010 pocas semanas después del terremoto.

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